En la esta última semana se dio la más reciente intentona por parte de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, para aplicar la pena de muerte a un convicto. Esto, a pesar que desde el año 1952, la Constitución del Estado Libre Asociado, claramente la prohíbe. Vale mencionar que dicha Constitución, fue revisada por el propio Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, antes de su eventual aprobación y aplicación. Por tal motivo, es evidente que la misma está supeditada a la voluntad y prerrogativa de los congresistas de turno. Más allá de este hecho histórico, en el año 1994, Washington aprobó una ley sobre la pena de muerte para ciertos delitos, y de paso, incluyeron a Puerto Rico como territorio para la aplicación de dicho estatuto. Cabe señalar, que el juicio bajo esta nueva norma se celebra en la isla, pero la ejecución del reo, se realizaría en su territorio continental. Me imagino (con la poca imaginación que tengo) que esto es así de esa manera, para tratar de llevar el falso mensaje de que se respeta la “voluntad del pueblo”, expresada en su ley suprema.
A
esta fecha, la Fiscalía Federal ha tenido cerca de cinco intentos para
materializar que un jurado compuesto por puertorriqueños, dé el visto bueno
para asesinar a uno de los suyos. En adición,
tienen en turno aproximadamente cinco casos para solicitar el fatal
veredicto. Esto demuestra un total
desprecio a la idiosincrasia boricua y a la identidad cultural de este pueblo,
que ha luchado por los pasados cien años para poder mantenerla viva (o al menos
moribunda). Claro está, esta misma
agencia federal está compuesta por muchos nativos que han asumido roles de
protagonismo en estos casos, y sirven de testaferros para los intereses
foráneos. Estos personajes han
renunciado a todo su linaje y herencia criolla, para asumir los rasgos y
características de una sociedad ultramarina, que lejos de ser la más
civilizada, es una de las más violentas y retrogradas de nuestros tiempos.
Estos
seres siniestros, utilizan como arma para lograr sus fines, la vulnerabilidad
de la ciudadanía, causada por el detrimento social que padece. Apelando a sentimentalismos y a la
susceptibilidad de sentirse inseguros e indignados por la feroz criminalidad
que vivimos, hacen un llamado a los doce elegidos para que dejen caer todo el
peso de la ley, sobre el ya declarado culpable ciudadano. Esta solicitud viene acompañada de
expresiones que invocan a un sentido de urgencia, para poner un alto a la
impunidad de los malhechores que no tienen ningún tipo de compasión al momento
de ejecutar sus fechorías. Haciendo
referencia a la alta incidencia criminal y a la creciente tasa de asesinatos en
la isla, se valen de artilugios demagógicos para hacer brotar en los doce, el
sentido de responsabilidad por los futuros sucesos violentos, en caso de que
estos no otorguen al Estado, una licencia para ajusticiar con la muerte al
sentenciado.
A
este punto, los expertos coinciden en que no existe evidencia que compruebe que
la pena de muerte tenga mayores efectos en la prevención de la
criminalidad, más allá de aniquilar a un ser humano. Por el contrario, en los países donde aún existe
esta medida funesta, los índices de conductas antisociales son altísimos, esto
incluye la nación norteamericana. Nación
donde todavía, treinta y dos de sus cincuenta estados, acepta esta pena en su
ordenamiento jurídico, siendo el único país en todo el continente americano que
aun consiente este sistema. De hecho, según
Amnistía Internacional, de los 198 países del mundo, 157 ya la han abolido,
legalmente o en la práctica. Demás está
decir que lo que está sucediendo en la isla con este tema, va en dirección
opuesta a la corriente internacional, que ya sea por convicción o por presiones
de algunas organizaciones no gubernamentales, se mueve hacia la implementación
de medidas más civilizadas. Amén de los
notorios casos de hombres que han estado en ese oscuro sendero y luego se
comprueba su inocencia. A saber cuántos
no han tenido esa fortuna.
Este
es un tema que genera pasiones, emotivo por
demás, y sobre el cual existen múltiples opiniones. No cabe duda que el pueblo está cansado de
sufrir las penurias de una economía subterránea, que hace lo indecible por
mantener su crecimiento. Eso incluye las
ejecuciones indiscriminadas contra cualquiera que se interponga en sus
objetivos, sin importar los daños a terceros, que por lo general son víctimas
inocentes. Pero antes de caer en la
aquiescencia de que el Estado se convierta en el verdugo, de iure, de sus
propios ciudadanos, es necesario pensar y analizar si ese es el Estado de
Derecho que queremos. Hay que recordar
que ya las autoridades poseen, a través de sus agencias de seguridad, los
mecanismos para perpetrar y encubrir asesinatos en masa. Dudo mucho que un pueblo sensato quiera abrir
la puerta para otra “acta patriótica”, donde la prerrogativa de asesinar
sumariamente a un sospechoso se otorgue, a una figura mediocre con apariencia
presidencial solo por intereses políticos y económicos.
La
oposición ha menguado, la desesperación va in crescendo. Incluso la iglesia, que hasta hace unas
semanas marchaba en defensa de la familia, ha brillado por su ausencia y ha
rendido sus armas en la defensa de la vida (puede ser porque este temas toca la
fibra más íntima de esa institución). El
gobierno colonial se muestra impotente, sin poderes para defender su
injerencia, si alguna, en la vida de los suyos.
No podemos olvidar, que son precisamente las autoridades, las que han
fallado en su misión de brindarnos seguridad, y son ellos los responsables de crear las condiciones para
que cada día sean menos los que recurran a esos estilos de vida.
Podemos
enviar a la horca, a la hoguera, a la silla eléctrica, o utilizar cualquier
mecanismo disponible para eliminar estos elementos de la sociedad que no
aportan nada positivo, y que por el contrario, atentan contra el bienestar común
de todos. Pero hasta que no entendamos
que es un proyecto de país, (el cual hemos olvidado y abandonado), detener la producción
de individuos sin apego social, tomando acciones afirmativas y vanguardistas de
cara al futuro. Para esto necesitamos un
Nuevo Estado de Derecho, sin intervención extranjera que nos endilgue prácticas
y costumbres que más allá de edificar, lo que logran es destruir nuestra
identidad y lacerar nuestra sensibilidad humana. Es de todos conocido que en esta tierra
colonial gobiernan las autoridades federales, no es necesario que continúen con
su Persistencia Peligrosa, de querer marcar territorio con sangre, mucho menos
con la nuestra.
¡Levántate
y anda!
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