Hasta donde yo sé, vivimos en una
democracia. Muchos la llaman democracia
participativa porque cada cuatro años, literalmente, participamos en un evento
electoral para elegir un gobernador, senadores y representantes, para administrar
el poder del pueblo. Y que luego ellos hacen lo que mejor les parece sin
importarles las promesas y los compromisos que adquirieron a cambio de nuestro
valioso voto. Voto que no volveremos a
ejercer hasta pasados cuatro años adicionales.
¡Vaya democracia; vaya democracia participativa! ¡Oh, y vaya voto
valioso!
En una democracia el poder pertenece al
pueblo, y este ejerce su soberanía a través del gobierno. Los gobernantes ejercen la máxima autoridad
en reconocimiento de la soberanía nacional.
Empero, y dejando a un lado las definiciones y los deseos utópicos de un
mundo ideal, regresemos a nuestra realidad actual en la que, aparentemente
vivimos una oligarquía, en la que los gobernantes ejercen el poder motivados
por sus propios intereses sin importarles el bienestar del pueblo.
El 10 de julio de 2005, el pueblo de Puerto
Rico participó en un referéndum para decidir la posible conversión de la
asamblea legislativa, compuesta por dos cámaras, en una asamblea
unicameral. En este, la opción de una
sola cámara superó al sistema bicameral con unos resultados incuestionables, de
casi un 84% de los votos a favor del cambio.
Hasta el sol de hoy la voluntad de la mayoría del electorado que acudió
a las urnas, no se ha cumplido. De ahí
la afirmación anterior de que, en efecto, la oligarquía se apoderó del
gobierno. Utilizando subterfugios, como la poca participación del electorado y
la mala sangre del gobierno compartido, que en esa coyuntura histórica le cayó
como anillo al dedo, han evadido el mandato general de disminuir su presencia
en la casa de las leyes.
En el siguiente cuatrienio, 2008-2012, la
historia fue la misma. Vamos a resolver
los problemas que atormentan nuestra gente, eso decían. Pero una vez más la voz del pueblo fue
ignorada, y en vez de reivindicar el voto popular del ciclo electoral anterior
y comenzar a reducir su doble compensación, prefirieron dejar sin sustento
cerca de 30,000 jefes de familias. Como
paréntesis, y como muestra de la cultura política nuestra, cabe señalar que
cerca de la mitad de esas víctimas, o tal vez mártires voluntarios, votaron por
el propulsor de la ley que los dejó las calles. Tal vez estadísticamente esté
equivocado, pero el doctor de la medicina amarga solamente perdió por menos de
15,000 votos.
Ahora entra al poder un nuevo gobernador y una
nueva legislatura. Digo nuevos por
deferencia, pero en realidad son los mismos partidos, las mismas caras, asesorados por las mismas batatas políticas
podridas que han sido reiteradamente rechazados. Prometieron cambios profundos en la
legislatura actual, para hacerla más costo-efectiva y productiva. Lo mismo que el pueblo les reclamó siete años
atrás. La diferencia es, que “quieren”
hacerlo con otra figura, la del legislador ciudadano. Siempre buscando la manera de perder ellos lo
menos posible, y si es posible no perder nada.
Pero no bien han tomado posesión del poder, ya han retirado su palabra
empeñada durante toda la campaña electoral.
Dicen, según ellos, que el caso amerita estudios exhaustivos para no
cometer (más) errores. Los que nos
pedían a gritos: “Habla Pueblo, habla”, han sido los primeros en tener oídos sordos
a los reclamos lanzados elección tras elección.
¡Triste es nuestro caso y larga nuestra condena!
En momentos en que las finanzas del país
están deterioradas. Que el bolsillo de
los contribuyentes no resiste un aumento más.
Que los precios se han disparado hacia arriba, como balas en despedida
año. Que los productos y servicios han
encarecido a niveles exorbitantes, la necesidad de economías, ahorros y
austeridad es evidente. El costo de vida,
incluyendo las necesidades básicas como la salud y la educación están
inaccesibles. Sin mencionar la gasolina
(no la del reggaetón), la energía eléctrica, el agua, el teléfono, el servicio
de ATH (que son privados), los peajes, entre otros. No puede faltar el impuesto sobre la venta
(IVU), el cual ha colocado en eutanasia nuestras finanzas personales. Y la deuda pública, está en su punto más alto
en los últimos años. Sin embargo, el
pueblo decidió comenzar su plan de ahorro recortando los gastos alegres y
costos insostenibles para mantener una asamblea legislativa que, además de
onerosa, ha demostrado ser poco productiva, superflua y contraproducente para
los mejores intereses del pueblo.
Mantener la rama legislativa con el diseño
y la composición actual le cuesta al pueblo de Puerto Rico alrededor de
$128,000,000 (en dólares americanos). La
mayoría de este dinero se desperdicia en salarios altísimos (comparados con los
salarios de otras legislaturas de diferentes jurisdicciones en los Estados
Unidos), dietas (aunque por el peso y apariencia de algunos parece no ser muy
efectiva), autos, celulares, asesores y ayudantes (para las personas que menos
producen en este país). Dada esta
realidad, irónica de paso, los electores demandaron cambios y reformas en la
composición legislativa, ordenando a los senadores habilitar una ley para esos
efectos. Pero los deseos de superar esta
época de recesión, esta etapa de crisis fiscal, ha encontrado en los dirigentes
políticos los principales opositores.
Parece que sólo piensan en ellos mismos, en sus familias, sus
necesidades, en sus bolsillos, sus estilos de vida acaudalados. Se les olvidó el verdadero propósito de su
elección, se olvidaron de sus promesas de campaña y los compromisos adquiridos
a cambio de nuestro voto. Ya no piensan
en nosotros, en nuestras familias, nuestras necesidades, nuestros bolsillos, ni
en el costo de nuestros precarios estilos de vida. Mientras esto sucede, los medios nos
entretienen con una trapo e’ bola, que tiene el efecto de cortina de humo para
los verdaderos entuertos del país.
Era de esperarse que los detractores más
férreos de esta medida fueran los llamados a ejecutar el mandato del pueblo, ya
que les afecta directamente y eso sería una inmolación. ¿Cómo pudimos pensar que iban a actuar en
contra de sus propios intereses? ¿Cómo
pudimos imaginar que iban a anteponer el bienestar del país al bienestar
personal? ¡Que ingenuos fuimos! Ahora me gustaría que votemos por una sola
cámara. ¡Sí, una sola cámara de gas! Pero
no, no para lo que usted se imagina. Esos son deseos reprimidos de exterminar
de esta manera los legisladores y asesores que no cumplen con su deber, que no
es otro sino cumplir con lo que les dictan sus constituyentes. Más bien, el propósito de esa cámara de gas
es, exterminar todo lo que nos ata, todo lo que nos sumerge y nos mantiene en
esta situación tan precaria. La política
partidista y todas sus manifestaciones, la baja autoestima nacional, la
dependencia económica, el gobierno paternalista, la influencia social y
cultural que recibimos de otros países a través de algunos medios de
comunicación. Son algunos de los
factores que influyen en nuestra condición actual.
Erradicando de nuestras mentes los miedos,
las trabas, los obstáculos y las cadenas que nos impiden ejercer con conciencia
nuestro derecho al voto, podremos elegir los mejores legisladores y
representantes que velen por nuestros mejores intereses. Que antepongan el bienestar común por encima
del bienestar propio, que respeten la voluntad y el mandato del pueblo aunque
eso implique sacrificio personal, y que defiendan la democracia en la que
deseamos vivir. Eso está por verse,
tenemos cuatro años más para pensar diferente.
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