Persistencia peligrosa

por  Caronte Campos Elíseos

En la esta última semana se dio la más reciente intentona por parte de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, para aplicar la pena de muerte a un convicto.  Esto, a pesar que desde el año 1952, la Constitución del Estado Libre Asociado, claramente la prohíbe.  Vale mencionar que dicha Constitución, fue revisada por el propio Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, antes de su eventual aprobación y aplicación.  Por tal motivo, es evidente que la misma está supeditada a la voluntad y prerrogativa de los congresistas de turno.  Más allá de este hecho histórico, en el año 1994, Washington aprobó una ley sobre la pena de muerte para ciertos delitos, y de paso, incluyeron a Puerto Rico como territorio para la aplicación de dicho estatuto.  Cabe señalar, que el juicio bajo esta nueva norma se celebra en la isla, pero la ejecución del reo, se realizaría en su territorio continental.  Me imagino (con la poca imaginación que tengo) que esto es así de esa manera, para tratar de llevar el falso mensaje de que se respeta la “voluntad del pueblo”, expresada en su ley suprema.

A esta fecha, la Fiscalía Federal ha tenido cerca de cinco intentos para materializar que un jurado compuesto por puertorriqueños, dé el visto bueno para asesinar a uno de los suyos.  En adición, tienen en turno aproximadamente cinco casos para solicitar el fatal veredicto.  Esto demuestra un total desprecio a la idiosincrasia boricua y a la identidad cultural de este pueblo, que ha luchado por los pasados cien años para poder mantenerla viva (o al menos moribunda).  Claro está, esta misma agencia federal está compuesta por muchos nativos que han asumido roles de protagonismo en estos casos, y sirven de testaferros para los intereses foráneos.  Estos personajes han renunciado a todo su linaje y herencia criolla, para asumir los rasgos y características de una sociedad ultramarina, que lejos de ser la más civilizada, es una de las más violentas y retrogradas de nuestros tiempos.

Estos seres siniestros, utilizan como arma para lograr sus fines, la vulnerabilidad de la ciudadanía, causada por el detrimento social que padece.  Apelando a sentimentalismos y a la susceptibilidad de sentirse inseguros e indignados por la feroz criminalidad que vivimos, hacen un llamado a los doce elegidos para que dejen caer todo el peso de la ley, sobre el ya declarado culpable ciudadano.  Esta solicitud viene acompañada de expresiones que invocan a un sentido de urgencia, para poner un alto a la impunidad de los malhechores que no tienen ningún tipo de compasión al momento de ejecutar sus fechorías.  Haciendo referencia a la alta incidencia criminal y a la creciente tasa de asesinatos en la isla, se valen de artilugios demagógicos para hacer brotar en los doce, el sentido de responsabilidad por los futuros sucesos violentos, en caso de que estos no otorguen al Estado, una licencia para ajusticiar con la muerte al sentenciado.   

Todo esto en un ambiente donde permea la desesperación por parte de fiscalía, que ya ha visto derrotada su maligna y cruel intención.  Este anacronismo de las autoridades federales, de presentar la práctica de ejecutar una persona antisocial, como un antídoto que sanearía una sociedad tísica, ha sembrado en las mentes aún colonizadas de algunos sectores de la población, la creencia de que la pena capital es la única alternativa viable y disponible a esos efectos.  Ciertamente, el pueblo puertorriqueño vive una desolación emocional dada las condiciones de inseguridad actuales.  Realidad que la Corte Federal del Distrito, ha logrado manipular para impulsar sus truculentos fines en la isla.  Esto último se ve reflejado en las votaciones finales en cada una de las deliberaciones del jurado, donde en el juicio más reciente, la muerte letal solo recibió un voto en contra, lo que resulta indicativo de que el  poder imperial se acerca  de manera acelerada a su objetivo final.  A juzgar por el promedio en los números de casos presentados y los que faltan por someter, sumado a los resultados en los votos de los jurados anteriores, el próximo candidato a caminar por el corredor de la muerte ya tiene nombre y apellido.

A este punto, los expertos coinciden en que no existe evidencia que compruebe que la pena de muerte tenga mayores efectos en la prevención  de la  criminalidad, más allá de aniquilar a un ser humano.  Por el contrario, en los países donde aún existe esta medida funesta, los índices de conductas antisociales son altísimos, esto incluye la nación norteamericana.  Nación donde todavía, treinta y dos de sus cincuenta estados, acepta esta pena en su ordenamiento jurídico, siendo el único país en todo el continente americano que aun consiente este sistema.  De hecho, según Amnistía Internacional, de los 198 países del mundo, 157 ya la han abolido, legalmente o en la práctica.  Demás está decir que lo que está sucediendo en la isla con este tema, va en dirección opuesta a la corriente internacional, que ya sea por convicción o por presiones de algunas organizaciones no gubernamentales, se mueve hacia la implementación de medidas más civilizadas.  Amén de los notorios casos de hombres que han estado en ese oscuro sendero y luego se comprueba su inocencia.  A saber cuántos no han tenido esa fortuna.

Este es un tema que genera pasiones, emotivo por  demás, y sobre el cual existen múltiples opiniones.  No cabe duda que el pueblo está cansado de sufrir las penurias de una economía subterránea, que hace lo indecible por mantener su crecimiento.  Eso incluye las ejecuciones indiscriminadas contra cualquiera que se interponga en sus objetivos, sin importar los daños a terceros, que por lo general son víctimas inocentes.  Pero antes de caer en la aquiescencia de que el Estado se convierta en el verdugo, de iure, de sus propios ciudadanos, es necesario pensar y analizar si ese es el Estado de Derecho que queremos.  Hay que recordar que ya las autoridades poseen, a través de sus agencias de seguridad, los mecanismos para perpetrar y encubrir asesinatos en masa.  Dudo mucho que un pueblo sensato quiera abrir la puerta para otra “acta patriótica”, donde la prerrogativa de asesinar sumariamente a un sospechoso se otorgue, a una figura mediocre con apariencia presidencial solo por intereses políticos y económicos.

La oposición ha menguado, la desesperación va in crescendo.  Incluso la iglesia, que hasta hace unas semanas marchaba en defensa de la familia, ha brillado por su ausencia y ha rendido sus armas en la defensa de la vida (puede ser porque este temas toca la fibra más íntima de esa institución).  El gobierno colonial se muestra impotente, sin poderes para defender su injerencia, si alguna, en la vida de los suyos.  No podemos olvidar, que son precisamente las autoridades, las que han fallado en su misión de brindarnos seguridad, y son ellos  los responsables de crear las condiciones para que cada día sean menos los que recurran a esos estilos de vida. 

Podemos enviar a la horca, a la hoguera, a la silla eléctrica, o utilizar cualquier mecanismo disponible para eliminar estos elementos de la sociedad que no aportan nada positivo, y que por el contrario, atentan contra el bienestar común de todos.  Pero hasta que no entendamos que es un proyecto de país, (el cual hemos olvidado y abandonado), detener la producción de individuos sin apego social, tomando acciones afirmativas y vanguardistas de cara al futuro.  Para esto necesitamos un Nuevo Estado de Derecho, sin intervención extranjera que nos endilgue prácticas y costumbres que más allá de edificar, lo que logran es destruir nuestra identidad y lacerar nuestra sensibilidad humana.  Es de todos conocido que en esta tierra colonial gobiernan las autoridades federales, no es necesario que continúen con su Persistencia Peligrosa, de querer marcar territorio con sangre, mucho menos con la nuestra.

¡Levántate y anda!